La obsesión por la seguridad hace que las empresas del sector dupliquen ganancias
La obsesión de las familias por sentirse seguras alcanza cotas desconocidas hasta la fecha en la provincia de Alicante. Al menos así lo refleja la facturación de las empresas de televigilancia, que año a año cierran sus balances económicos con unos márgenes espectaculares en términos porcentuales y absolutos.
Sólo entre el 2001 y el 2004, la facturación del sector en el ámbito de las alarmas y cámaras de seguridad se duplicó en toda España, empujada por el tirón de las provincias costeras, caso de Alicante, según revela el último informe disponible de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser). Sin embargo, la demanda de tecnología de vigilancia y protección ha mantenido una línea ascendente todavía mayor durante el 2005, el 2006 y lo que llevamos del 2007, según coinciden en señalar fuentes del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante y de empresas suministradoras.
Lo último en este campo es la instalación de cámaras de videovigilancia conectadas a una dirección IP (el número que identifica a cada ordenador), lo que significa que, desde cualquier rincón del mundo, uno puede controlar su domicilio y manejar los dispositivos a su antojo con sólo pulsar las flechitas del teclado informático.
«La gestión remota ha crecido de manera impresionante, y todo por el tirón de los particulares. En ello ha influido la psicosis por los asaltos violentos a viviendas. Aunque en este tipo de contratación hay que reconocer que los residentes extranjeros son los que han ido marcando el camino al resto», señala Juan Carlos Canales, responsable de la delegación de Circontrol Levante, firma que produce todo tipo de dispositivos de vigilancia y control de acceso.

El presidente de los administradores de fincas de Alicante, Francisco Brotons, señala que hoy en día son pocas las urbanizaciones que no cuentan con medios de vigilancia, ya sea telemáticos o con presencia física. «Los propietarios están ahora mucho más sensibilizados que antes. Sólo en la Playa de San Juan de Alicante hay 50 urbanizaciones con este tipo de servicio. Sin embargo, en el casco urbano, no hay más de cinco», explica. Esta reflexión ilustra a la perfección la diferente implantación de la seguridad privada en las zonas de playas respecto del resto: «La costa se lleva la palma».
«Seguridad es igual a tranquilidad. Y, contrariamente a lo que se suele pensar, por un módico precio», asegura Brotons. La realidad es que en complejos residenciales compuestos por cien propietarios, por citar un ejemplo, contratar un vigilante supone un gasto de diez euros mensuales a cada uno de ellos, según detalla Brotons. En su opinión, no es extraño que la gente opte por aumentar las medidas de protección, porque si participan muchos en el gasto el coste resulta mínimo.
«La urbanización Aries, con 300 apartamentos, tiene en verano a mil personas. Y en invierno esa cantidad baja a 150. Es comprensible que quieran contratar seguridad», razona el portavoz de los administradores alicantinos.
En el campo de la televigilancia, conviene precisar, según recuerda Brotons, que del zaguán hacia adentro nadie puede ser controlado por esta vía, según determina una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV). En cambio, «es libre el control sobre los recintos de urbanizaciones», precisa.
Las cifras estatales reflejan que entre el 2001 y el 2004 (últimos balances contabilizados) la facturación del sector en el apartado de alarmas y vigilancia remota pasó de 363 a 689 millones de euros.