Se investiga una violación grabada por videovigilancia
El juez de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Parramón, investiga un caso de presunta violación en la sede capitalina del Servicio Canario de la Salud que fue grabada por una cámara oculta instalada en el edificio público un día antes de los hechos, después de que una limpiadora pidiera amparo a varios funcionarios al sentirse víctima del acoso sexual de un vigilante de seguridad con el que años atrás había mantenido relaciones sexuales consentidas. La cámara, cuya instalación fue denunciada a este periódico por funcionarios que creían ser objeto de espionaje por parte de la Administración, grabó el 7 de junio el asalto sexual del vigilante a la limpiadora, que hasta ese día no se decidió a denunciar los hechos ante la Policía porque, según ella, temía represalias del agresor. Éste supuestamente la chantajeaba con la amenaza de contar los detalles de la relación al marido y al hijo de la mujer.
La presunta agresión se consumó en la tarde del día 7 en la planta tercera del edificio, fuera del horario habitual de oficinas, en una zona de fotocopiadoras y almacenaje de documentos, diez días después de que la limpiadora pidiera ayuda a un encargado de seguridad para que impidiera el acceso del vigilante denunciado a su área de trabajo. Esta petición de auxilio, que sin embargo no se sustanció ante la policía ni ante el Juzgado de Violencia contra la Mujer, activó también la intervención de varios funcionarios públicos y de la empresa para la que trabajaba el vigilante, que decidieron la colocación de dos cámaras ocultas en las zonas donde, según la mujer, se producían los ataques.
En efecto, tan sólo un día después de que una de las cámaras quedara activada, este dispositivo grabó el aparente asalto sexual a la limpiadora por parte del vigilante, que en ese momento no estaba de servicio, pero había entrado al edificio con el pretexto de visitar a un funcionario. Distintas fuentes consultadas por este periódico explicaron que las imágenes grabadas dan testimonio de que el presunto agresor usó aparentemente la fuerza para ejecutar una relación sexual con brutalidad. Según esta versión, el vigilante maltrató a la mujer, a la que arrastró por los pelos para obligarla a realizar después distintos actos sexuales, mientras ella, a sabiendas de que la cámara grababa las imágenes, intentaba contener al hombre con las manos.

Inmediatamente después del hecho, la mujer telefoneó llorando al encargado de seguridad para contarle lo sucedido. Después se personó en la supercomisaría para denunciar los hechos en compañía del propietario de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, para el que trabajaba el vigilante, que fue despedido de inmediato. El presunto autor de la agresión fue detenido horas después por agentes de la Policía Judicial y permaneció una noche en el calabozo, donde se negó a prestar declaración. El hombre quedó en libertad después de pasar a disposición de un juez de guardia, y el caso está ahora en manos del instructor Miguel Ángel Parramón.
Ante este último, la mujer relató que en 2003 había tenido un año de relaciones sexuales consentidas con el vigilante, pero que a partir de una ruptura había sido objeto de abusos como el grabado por la cámara durante los tres años siguientes, hasta que se decidió a denunciarlos.