Para el vigilante jurado que se apropió de 200.000 euros
La Audiencia Provincial ha condenado a tres años de cárcel al vigilante jurado Lucio Manuel del Valle Vega, al que se acusa de haberse apoderado en agosto de 2004 de una saca que custodiaba destinada a sucursal de La Caixa de Sant Jordi y que contenía 200.000 euros. Además deberá restituir el dinero a la empresa Prosegur, así como pagar una multa de 780 euros.
El tribunal, en cambio, ha absuelto a la pareja sentimental del acusado al considerar que no se le puede considerar cómplice puesto que este tipo penal requiere que hubiera realizado actos anteriores o simultáneos de «verdadera y efectiva cooperación en la ejecución» del delito de apropiación indebida.
La sentencia, de 39 folios, descarta las alegaciones presentadas por las defensas de los dos acusados que alegaban la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones y errores de procedimiento al autorizar las escuchas telefónicas que permitieron la detención del acusado.
Seguidamente, la Audiencia rechaza una por una las cuestiones planteadas por la defensa para avalar la inocencia de Lucio Manuel del Valle. Así, se desecha la posibilidad de que la saca con el dinero fuera sustraída de la cámara de seguridad de Prosegur en Palma o que no fuera enviada a Eivissa por error.

Respecto a la imposibilidad de que el acusado tuviera acceso al dinero cuando estaba en el furgón blindado en el aeropuerto, se destaca que existían formas de burlar el dispositivo de seguridad que impide que dos de las puertas del vehículo estuvieran abiertas al mismo tiempo. De esta forma, se apunta a que es posible que se apoderara de ella sin ser visto por sus compañeros.
La sentencia también recoge lo extraño del comportamiento del acusado que, alegando tener que ir al baño, dejó solo y sin protección a un compañero cuando llevaban más de 100.000 euros a una oficina bancaria del mismo aeropuerto.
Los magistrados de la Audiencia destacan en su resolución que «no consta acreditada una procedencia distinta del dinero intervenido» que no sea la de la apropiación indebida.
Así, los magistrados resaltan que «jamás el acusado, en sus diversas declaraciones, ha mencionado tal actividad extra», en referencia a la propiedad de un bar en su localidad natal durante varios años.
Los miembros de la Audiencia también mostraron su incredulidad respecto a las comisiones millonarias obtenidas en la compra-venta de caballos sin que se firmaran contratos. Incluso se destaca que un testimonio aseguró que las comisiones las pagaba al acusado en billetes de 500 euros en el año 2000, cuando la moneda vigente aún era la peseta.