Un vigilante de seguridad irá a pie a Madrid para pedir mejoras en el sector
La película ‘Pídele cuentas al rey’ retrató una historia real: la de un minero asturiano que tras el cierre de la mina en la que trabajaba se echó con su familia a la carretera para ir andando hasta Madrid para preguntarle al Rey por qué no se cumplía la Constitución en cuanto a garantizar que todos los españoles tienen derecho a un trabajo digno. Ahora, un vigilante de seguridad repetirá la hazaña e irá andando desde Málaga hasta la capital de España para entregar al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, una carta con una serie de reclamaciones para la mejora del sector. En total 600 kilómetros.
La partida tendrá lugar el día 6 de septiembre desde la puerta de la Delegación de Hacienda de Málaga y la llegada al Madrid está prevista para el 20 del próximo mes, a una media de 30 kilómetros diarios. El protagonista será un vigilante de seguridad de 42 años, cuya identidad no ha sido desvelada para evitar posibles represalias, según explicó J. A. S. M., uno de los promotores de esta marcha y que quiere preservar su identidad.
La idea nació en el chat de la página web vigilantesdeseguridad.com hace unos cuatro meses y cuenta con el respaldo de la Asociación Española de Vigilantes de Seguridad (AEVS). En la provincia hay actualmente unos 5.000 vigilantes de seguridad titulados y entre 2.000 y 2.500 «intrusos», dijo el promotor de la marcha, quien reclamó el apoyo del sector a esta iniciativa.
Entre sus peticiones destacan que se pongan los medios para acabar con el intrusismo en el sector, que se les devuelva a los vigilantes de seguridad el carácter de agente de la autoridad que los revestiría de mayor legitimidad o que el propio ministerio se involucre para que los mandos intermedios sean profesionales. Asimismo, sus reinvindicaciones también tendrán un componente salarial. Ahora, según el promotor de la iniciativa, el sueldo bruto de un vigilante oscila entre los 850 y 950 euros brutos al mes y para conseguir un sueldo digno «hay que matarse» haciendo horas extras que se pagan a siete euros la hora.
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Roban en una discoteca de Tarifa después de apuñalar al vigilante
Unos desconocidos robaron el pasado viernes en la discoteca Space Atlántica, ubicada en el polígono La Vega de Tarifa. Antes, los autores golpearon, maniataron y apuñalaron a C.G.S., el guarda de seguridad diurno.
Según pudo saber este periódico, la discoteca cerró sobre las cinco de la madrugada y sólo quedaron dentro algunos camareros. Dos horas después llegó el guarda de seguridad, de 42 años. A las dos y cuarto de la tarde se personó en la entrada de la nave industrial un camión de una empresa proveedora de bebidas. Los trabajadores se preocuparon al comprobar que no estaba el vigilante, por lo que llamaron a uno de los dueños de la Space Atlántica para que se desplazara al polígono.
Una vez entraron en la discoteca escucharon unos leves quejidos y hallaron al guarda tumbado en un cuarto. El hombre se encontraba semiinconsciente, maniatado de pies y manos y con una manta que le cubría la cabeza. Asimismo, C.G.S. presentaba un fuerte golpe en la cabeza, una herida de arma blanca en uno de los costados y la mandíbula fracturada.
De inmediato, llamaron al 061 que envió a una ambulancia para atender al herido. Dada la gravedad de sus heridas, fue trasladado al hospital Punta Europa de Algeciras. Posteriormente, fue derivado al hospital Puerta del Mar de Cádiz, donde se encuentra ingresado en estado grave.
Asimismo, patrullas de la Guardia Civil se desplazaron al polígono tras ser alertados por los servicios de emergencias del 112. Los agentes comprobaron que los delincuentes habían forzado una puerta y que habían roto una caja de seguridad que tiene la discoteca. El dinero sustraído podría rondar los 4.000 euros.

Roban 115 pantallas de plasma en una nave del polígono
Ni empresas de seguridad privada, ni alarmas, ni cámaras de grabación, ni siquiera la alerta hecha a la policía por la empresa, que ya la semana pasada temía ser de nuevo víctima de un robo en su nave. Nada sirvió, porque sobre las cuatro de la madrugada de ayer domingo, y al menos durante una hora y media, unas 115 pantallas de plasma, valoradas en unos 180.000 euros, fueron robadas de una de las naves que Hermanos Lucas tiene en el polígono Santa Teresa, después de que los asaltantes accedieran a ella por el método del ‘butrón’.
Por eso, la indignación y la impotencia que expresó ayer a este periódico el propietario de la firma, Santiago Lucas, era manifiesta y, según la versión ofrecida, más que justificada, ya que mantiene que desde hace dos semanas venía alertando a la policía de la posibilidad de que se produjeran robos en el polígono. Lo hizo al detectar que los cables de conexión telefónica que permiten que las alarmas salten habían sido cortados. Además, la puerta de la nave había aparecido en una ocasión con signos de que alguien la había intentado forzar.
«Hemos mantenido reuniones con la policía, que dobló el servicio. Reconocemos el trabajo que se hace, pero no es suficiente ante el nivel de delincuencia que hay», asegura Lucas, que reivindica la necesidad de un plan coordinado en el que participen los empresarios de los polígonos, las Fuerzas de Seguridad y las administraciones competentes. «No sirve de nada que tomemos medidas de forma individual. Es necesario desarrollar un sistema de seguridad conjunto, coordinado y con seguimiento en el tiempo, como se ha desarrollado en otras ciudades del país», argumenta.
La Guardia Civil, en un control rutinario, interceptó ayer, horas después del robo, a una de las furgonetas a la altura de Seseña (Toledo), mientras que la otra siguió su camino. Al percatarse del material y pedir información, los agentes comprobaron que las pantallas podían haber sido robadas, por lo que se pusieron en contacto con la Comisaría de Málaga, y procedieron a localizar al segundo vehículo, que fue interceptado en Ocaña (Toledo).
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Para los acusados del asesinato de un vigilante
Tres de los acusados encargaron el crimen a otro, que cobró 6.000 euros. Está implicado como inductor el abogado que representaba a la familia de la víctima.
El asesinato se produjo el 15 de noviembre de 2004. La víctima, un vigilante de seguridad privada de Rincón de la Victoria, recibió varios disparos por la espalda que le produjeron al poco tiempo la muerte. Por entonces, fue detenido el que se considera presunto autor material de los hechos, Yuneo L.C. Todas las pruebas concluyeron que él era el único responsable de los hechos, pero no se concretó el móvil del crimen.
El presunto homicida iba a ser juzgado el pasado 12 de marzo, pero un mes antes el caso dio un giro de 180 grados con la detención del abogado Martín Eliseo R.B, que representaba a la familia del fallecido, como presunto inductor del crimen. A raíz de su arresto, se reabrió el proceso, el juicio se suspendió y se practicaron nuevas diligencias que acabaron con otros dos imputados más, José María H.J. y Luis F.R., también por supuesta inducción.
El caso se ha cerrado a espera de que se dicte el auto para la apertura del juicio oral. Mientras tanto, la Fiscalía ha solicitado para cada uno de los acusados dieciocho años de prisión por un delito de asesinato, en caso de Yuneo como autor, y en el resto como inductores. Además, el letrado acusado se enfrenta a otros dos años de cárcel por un delito contra la administración de justicia y a una multa de 3.000 euros.
Según el escrito del fiscal Yuneo aceptó por dinero la oferta del resto de implicados de matar al guardia de seguridad. Al parecer, querían vengar ciertas afrentas personales. El supuesto homicida recibió al menos 6.000 euros por el servicio. Su madre actuó como depositaria de los fondos.

Restablece la seguridad privada en instalaciones de Santa Justa, pero de forma «parcial»
Después de siete meses, Renfe Operadora ha restablecido la vigilancia privada en los 75.000 metros cuadrados de las instalaciones del Centro de Tratamiento Técnico, en Sevilla, aunque esta reposición, según ha criticado el Sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) se ha realizado de forma «parcial», con tres agentes de seguridad -al igual que anteriormente de Segur Ibérica-que se ocupan de los turnos de mañana, tarde y noche y sin armas, contraviniendo la Ley de Seguridad Privada.
Según responsables de CGT, a pesar de que, desde primeros de este mes, la zona vuelve a contar con vigilancia, ésta está en cierto modo «mermada», ya que, según estos responsables, «continúa sin estar garantizada la seguridad, porque, un agente a pie y sin armas en tan amplio espacio no puede controlar oficinas, talleres, trenes estacionados…».
Vigilancia privada entró en vigor el 1 de enero de este mismo año por cuestiones económicas, no sólo en Sevilla, sino en el resto de España, con excepción de Cataluña, donde incluso se amplió, precisamente a costa de la eliminación en el resto del país.
En el caso de la capital hispalense, el citado espacio de 75.000 metros cuadrados se refería a la zona de almacenamiento de combustible, materiales, oficinas, talleres, garaje de unidades de trenes de cercanías, regionales, AVE y otros de media distancia. Esta zona, denominada «zona de playa», se extiende desde los andenes de la estación de Santa Justa hasta los polígonos Calonge y Store. A lo largo de cada jornada, centenares de trabajadores pululan por ese espacio, en el que diariamente, en el aparcamiento, puede haber una media de más de 300 vehículos particulares.
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Despedido un vigilante de seguridad que coló a 17 amigos en un Sevilla-Betis
Un juzgado de Sevilla ha declarado la legalidad del despido de un vigilante de seguridad, acusado de colar a diecisiete amigos sin entrada ni autorización en el partido Sevilla-Betis de cuartos de final de la Copa del Rey celebrado el 1 de febrero de 2007, declarado de alto riesgo.
El juez de lo Social 4 considera que fue procedente el despido disciplinario, pues las cámaras de seguridad del estadio confirmaron que el vigilante de seguridad dejó pasar a diecisiete personas “sin entrada, abono ni autorización válida”, vulnerando así las normas de la empresa para la que trabajaba y las instrucciones recibidas del Sevilla FC. El vigilante de la empresa responsable de la seguridad en el estadio Sánchez Pizjuán no sólo dejó entrar a esas personas sino que no llevó a cabo ningún tipo de control para evitar la entrada de objetos peligrosos o prohibidos.
El responsable de la seguridad en el estadio dio la voz de alarma al percatarse, a través de las cámaras internas de seguridad, de la entrada por las puertas 21 y 21 A de numerosas personas, muchas de las cuales saludaban amigablemente al responsable del control de dicho acceso. El vigilante, con doce años de antigüedad, fue relevado y la empresa le abrió un expediente que concluyó en un despido por causas disciplinarias, ahora confirmado por el juez en todos sus extremos.
El abogado José Ignacio Bidón, que defendió a la empresa de seguridad, explicó que la sentencia confirma que el comportamiento del empleado fue “grave, culpable y reiterado”, pues se trató de “hechos muy graves, teniendo en cuenta el sector en el que tuvieron lugar”.
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