Los afectados por las obras del aeropuerto contratan seguridad privada para sus fincas
La situación que están viviendo algunos de los propietarios de parcelas cercanas a las obras de extracción de áridos en la base aérea de La Virgen del Camino, les ha llevado a plantarse la contratación de vigilantes de seguridad privados para vigilar que las máquinas de la empresa encargada de estos trabajos no irrumpan en sus fincas.
Según explican algunos de los propietarios, los mismos que denunciaron hace dos semanas ante la Junta de Castilla y León la extracción de áridos que ha sido paralizada hace dos días por el propio gobierno regional, desde el jueves se han visto obligados a vigilar los límites de sus parcelas con todos los medios de los que disponen, después de comprobar que las máquinas de la UTE del aeropuerto habían comenzado a abrir un camino desde la base aérea hasta el cuartel del Ferral y, según denuncian, algunos tramos de la senda los están realizando por el interior de sus propiedades. «Ahora vamos subiendo nosotros algunos ratos y también tenemos a familiares controlando, pero vamos a contratar guardias de seguridad privada para que vigilen las fincas», explicaba ayer uno de los afectados por la situación.
El jueves, algunos propietarios defendidos por la consultora Ecourban interpusieron una denuncia ante la Guardia Civil lo que provocó que se acercaran hasta la zona varios agentes para comprobar personalmente la situación y pedir la documentación pertinente tanto a los propietarios como a los responsables de la empresa que está realizando los trabajos. Según los afectados, la empresa ha aprovechado un camino ya existente en la zona para ensancharlo varios metros utilizando parcelas privadas de modo que puedan transitar por la zona sus camiones y las máquinas.
El objetivo, tal y como sostienen desde Ecourban, es unir la base aérea de La Virgen del Camino, donde se están llevando a cabo las obras de ampliación de la pista del aeropuerto, con la base militar del Ferral, zona en la que aseguran tienen previsto iniciar otra excavación de tierras similar a la que la Junta paralizó este miércoles y trasladar todos los áridos que vayan sacando hasta la obra del aeropuerto por el camino que pretenden abrir.
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El sector de la seguridad privada alerta del serio problema que supone el «intrusismo» que padece la profesión. Así lo han manifestado representantes de la asociación segoviana, que a su vez critican la falta de medidas para erradicar esta situación por parte de las instituciones.
Dos vigilantes jurados han resultado heridos en un espectacular atraco a un furgón blindado en los exteriores de un centro comercial vallisoletano. Ambos precisaron ser trasladados a un hospital, pero uno de ellos en peor situación, con un disparo en el glúteo sin orificio de salida causado por una bala que podría haber salido desde una pistola de los agentes. En el asalto participaron presuntamente cinco personas, que lograron hacerse con dos sacas con una cantidad indeterminada de dinero.
Los vigilantes de seguridad de los juzgados abulenses estarían siendo presionados por la empresa adjudicataria de este servicio “para cobrar menos”.
Habiendo visto y leído el Pliego de Condiciones para la adjudicación de la seguridad de los Jardines del Prado de Talavera, TIERRA COMUNERA (TC) rechaza este “anormal” Pliego de Condiciones e incluso afirma que es totalmente ilegal, ya que “observamos algunas incongruencias”.
El subdelegado del Gobierno en Ávila, César Martín Montero, ha entregado a seis vigilantes de seguridad una mención honorífica en reconocimiento a la labor desempeñada en el cumplimiento de sus obligaciones. A propuesta de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de Ávila, las distinciones, de la categoría B, se han concedido por la evitación de infracciones penales, identificación o detención de delincuentes e información y colaboración permanente y continuada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los seis vigilantes de seguridad distinguidos son María Belén López Zabala, de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A; Antonio Gómez López, de Esabe Vigilancia, S.A; Luis Ángel Ruiz Martín, de Esabe Vigilancia S.A; Ignacio José Nieves Torres, de Eulen Seguridad S.A.; Jorge Grande López, de Punto Cinco S.A y Miguel Ángel García Herranz, de Seguritas Seguridad España, S.A. Antes de clausurar el acto, celebrado en la Subdelegación del Gobierno, César Martín Montero ha subrayado la creciente importancia que tiene la seguridad privada. Al respecto, el subdelegado del Gobierno ha destacado la colaboración y cooperación de las empresas del sector con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “sin la cual sería difícil mantener en Ávila los actuales índices de seguridad, que se encuentran por encima de las medias nacional y europea”.


