Uno de los escoltas del alcalde Alonso por agredir al dueño de un bar de Vitoria
La abogada de José Ángel Martín, titular del pub Lipp de Vitoria, denunció ayer a un escolta del alcalde, Alfonso Alonso, por “agresión e injurias” contra su defendido durante el juicio que tuvo lugar para esclarecer los hechos que acontecieron a las 4.00 horas del pasado 21 de octubre de 2006, fecha en la que se procedió al cierre del citado establecimiento por incumplimiento del horario. Mientras el titular del pub, ubicado en la calle San Antonio, aseguró que los seis agentes que participaron en su detención “se excedieron” en su proceder hasta el punto de que uno de ellos, escolta del primer edil, le propinó un tortazo en la cara y le insultó en repetidas ocasiones al llamarle “cara bobo”, los guardias aseguraron que Martín, impedido del brazo derecho desde su nacimiento, se mostró agresivo cuando se le informó de que iba a ser multado y que se resistió a la posterior detención, motivada por sus “insultos, empujones y amenazas de muerte”. Uno de los agentes asegura que, durante uno de los forcejeos, el titular del conocido establecimiento de ocio nocturno le lesionó una muñeca al lograr zafarse de la sujección que le practicaba cuando le conducía hacia el coche patrulla en calidad de arrestado.
El escolta acusado de provocar un hematoma en el pómulo de Martín negó haberle golpeado y aseguró que, “pasaba por la acera del pub y me acerqué cuando vi que dos compañeros discutían con el dueño”. Un testigo de la defensa que declaró en la vista señaló, sin embargo, que el agente protegía a Alonso mientras éste se encontraba en el pub situado frente al Lipp y que salió del local cuando cerca de una treintena de personas se arremolinó en la acera para increpar a los guardias. Cuando la abogada preguntó al policía por el paradero del alcalde durante el incidente, afirmó desconocerlo.
Mientras los agentes locales comparecientes acusaron a Martín de haberles llamado “babosos, gilipollas y puta escoria”, además de haberles propinado varios empujones y de haberse negado a cerrar el local pese a sus requerimientos, el testigo de la defensa corroboró que los guardias le detuvieron “de muy malos modos”. El juicio quedó ayer visto para sentencia.
La seguridad tiene un precio. Exactamente 99,2 millones de euros. Esa es la cantidad presupuestada por el Ministerio del Interior para pagar durante el año 2007 a las empresas que complementan los servicios de escolta que reciben los miembros del PSOE y el Partido Popular en Euskadi y Navarra amenazados por ETA. Y nueve son las compañías que se reparten este sabroso pastel: Ombuds, Eulen, Seguriber, Coviar, Securitas, Prosegur, P-3, Prosetecnisa y Segur-Ibérica.
Agentes adscritos a la Ertzain-etxea de Basauri han arrestado esta pasada Madrugada a tres jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y los 19 años, acusados de presuntamente haber agredido al vigilante de seguridad del autobús de Metro entre las localidades de Etxebarri y Basauri.
Según una nota emitida por la Guardia Urbana, el detenido, R.E.A.M., de 31 años, cuyo último domicilio conocido se encontraba en Barcelona, había mantenido ‘algún tipo de relación afectiva’ con la víctima, identificada como E.P.L.A., de 32, quien continúa siendo operada de sus heridas en el Hospital Donostia.
Los sindicatos de seguridad privada LSB-USO, CC OO, UGT y ELA atribuyen la falta de personal denunciada por la patronal, a los bajos salarios que cobran los vigilantes. En opinión de UGT, el «’efecto huida’» de los trabajadores se corregiría con «sueldos adecuados y condiciones dignas». La solución no pasa, según las centrales, por permitir a las empresas que incorporen inmigrantes como demandó el pasado martes en Bilbao Eduardo Cavas, secretario general de Aproser, la Asociaciación Profesional de Servicios de Seguridad.
Un hombre de 31 años, que responde a las iniciales C.L.V., fue arrestado ayer en Bilbao por un delito de amenazas. El detenido amenazó con una navaja a un vigilante de la estación de Abando cuando le exigió que abandonara la terminal.

