UGT pide la anulación del contrato con una empresa privada para la seguridad de la Inspección de Trabajo en Badajoz
El sindicato UGT ha solicitado al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que anule el contrato que mantiene con la empresa Serramar Vigilancia y Seguridad, un servicio de seguridad privada para el edificio que alberga las dependencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Badajoz.
Según recuerda el sindicato, la adjudicación de mencionado servicio de seguridad se ha llevado a cabo por el procedimiento de Concurso Público, regulado por un pliego de condiciones técnicas y económicas, que entre otros asuntos, hacía referencia expresa al Convenio Colectivo del Sector de seguridad Privada, obligando a las empresas que se presentasen al concurso al cumplimiento del Convenio.
Explica que esta empresa presentó una oferta económica por debajo de los precios marcados en el artículo 74 del Convenio Colectivo, que según recuerda, “es de obligado cumplimiento para no incurrir en competencia desleal”, por lo que critica UGT que el Ministerio de Trabajo “ha adjudicado el servicio a una empresa que ha incumplido el Convenio Colectivo y los pliegos de condiciones del concurso”.
Recuerda que FeS-UGT entregó en su día un escrito al Ministerio de Trabajo, solicitando la anulación de la adjudicación del servicio a la empresa Serramar Vigilancia y Seguridad por estos “incumplimientos”, no ha causado efecto alguno, algo que desde el sindicato califican de “indignante”.
Hasta el momento, FeS-UGT tan sólo ha conseguido que el del jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz, Enrique Borrego, se comprometa a salvaguardar los derechos laborales de los vigilantes que presten su servicio en sus instalaciones, “cuestión que es de agradecer”, a juicio del sindicato.

Los jueces de Badajoz, preocupados por la escasa vigilancia en los juzgados
Desde el pasado mes de abril, el Palacio de Justicia de Badajoz cuenta únicamente con dos vigilantes jurados para todo el edificio. Esto significa una reducción justamente a la mitad del número de guardias, que antes estaba en cuatro. Esta situación ha sido abordada en la reunión de la Junta de Jueces, que ha mostrado su preocupación y malestar por el descenso en el número de empleados de seguridad.
En opinión del juez decano de Badajoz, Luis Romualdo Hernández, esta reducción en el personal de vigilancia convierte al Palacio de Justicia en uno de los organismos oficiales con menos seguridad de toda la ciudad. Cualquiera que visite el Palacio tendrá que coincidir con el juicio de los jueces: su seguridad está muy lejos de la que existe en la Delegación de Hacienda o el Edificio Múltiple. El juez reconoce que este recorte de guardias jurados no es exclusivo de Badajoz. Se ha producido en todas las comunidades donde las competencias de Justicia no están transferidas y dependen todavía del Ministerio. No obstante, en Badajoz la situación es especialmente preocupante, por cuanto ya se contaba con muy pocos medios.
El juez decano recuerda de hecho que los jueces habían pedido ya hace tiempo que se aumentase la plantilla de cuatro vigilantes, porque se consideraba insuficiente. De momento, lo que se ha hecho es lo contrario: reducirla a la mitad.
Luis Romualdo Hernández explica que con dos vigilantes ni siquiera es posible controlar todas las entradas con que cuenta el Palacio de Justicia, que son cuatro. Una puerta principal, y tres en la zona trasera. Más de 200 empleados acuden cada día al Palacio y, lo que es más importante, hasta un millar de ciudadanos para realizar gestiones de todo tipo: desde acudir al registro civil a participar en cualquier procedimiento judicial, sea una declaración o un juicio.
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Detenidos por robar en 9 negocios de Cáceres e intentarlo en otros 8
Dos veinteañeros están en la cárcel acusados de una veintena de delitos, la mayoría de ellos ocurridos en los últimos meses en la ciudad de Cáceres. Los arrestados son Óscar Javier de J. R., conocido como ‘Portu’, de 27 años, y Roberto Jesús R.C., de 20, según informó ayer la Delegación del Gobierno. Los dos ingresaron en prisión de modo provisional después de que así lo determinara el juez de guardia una vez escuchados sus testimonios.
La pareja de jóvenes está acusada de 17 robos, nueve de ellos consumados y ocho en grado de tentativa. En la mayoría de los casos, se trata de bares ubicados en distintos barrios de la capital, aunque también actuaron en naves de las dos principales zonas industriales de la capital (Las Capellanías y Charca Musia).
Los arrestos han sido el final feliz de una investigación que comenzó hace tiempo, desarrollada por el Grupo Primero del Cuerpo Nacional de Policía, con la ayuda del Grupo Especial de Seguridad (GES) de la Policía Local de Cáceres. El seguimiento que realizaron los agentes ha permitido reconstruir el ‘modus operandi’ de los dos presuntos ladrones, que se aprovecharon de sus conocimientos y experiencia. ‘Portu’ trabajó en el sector de la construcción, y en el momento de su detención lo hacía en una empresa de instalación de cristales blindados, la misma en la que en su día estuvo empleado Roberto Jesús, que ahora está en una dedicada a la carpintería de aluminio.
Este bagaje les permitió especializarse en los robos, y aplicar a su actividad ilícita los métodos que dominaban por su trabajo diario. Además, también cuidaban de modo especial las precauciones previas a la comisión del delito. Los detenidos identificaban el establecimiento en el que pensaban entrar, estudiaban el sistema de alarma, las posibles vías de escape por si eran descubiertos, las posibles medidas de seguridad que pudiera haber dentro del local e incluso la proximidad de viviendas habitadas.
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Denuncian el riesgo de transportar el dinero hasta la calle Santa Eulalia
Vigilantes de seguridad denuncian el aumento del riesgo que ha supuesto en su trabajo la imposibilidad de llegar con sus furgones hasta las puertas de los bancos situados en la calle Santa Eulalia, teniendo que cargar con el dinero por diversas calles peatonales, siendo así muy vulnerables a los atracos.
Este tema fue abordado el pasado 23 de febrero en la Comisión Mixta de Seguridad Privada, que fue convocada a petición del sindicato UGT, y que estuvo presidida por la delegada del Gobierno, Carmen Pereira.
En la reunión se intentaron buscar soluciones al problema denominado «riesgo de acera» en el transporte de valores, y que no sólo se sufre en las calles peatonales de Mérida, sino también en las de Cáceres, Don Benito y Villanueva, principalmente, según Rafael Cañete, secretario de Acción Sindical de UGT.
Este sindicato considera que la situación «es especialmente grave en el Ayuntamiento de Mérida, donde los vehículos de transporte de valores que tienen que acceder a la calle Santa Eulalia deben aparcar cinco calles más abajo, teniendo que recorrer los trabajadores un largo camino con cantidades importantes de dinero, con el riesgo que esto supone para los mismos y para los ciudadanos».
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Un vigilante de casetas de feria se enfrenta a 7 años de cárcel
Siete años de cárcel es la condena a la que se enfrenta Manuel D. B. M., vigilante privado de seguridad, por unos hechos ocurridos en las Ferias y Fiestas de San Fernando 2005 y por los que el fiscal le acusa de dos delitos de lesiones y una falta de lesiones. El suceso se inició la noche del 27 al 28 de mayo en la caseta del PP, donde el acusado trabajaba de vigilante e inició "una acalorada discusión" con un matrimonio, concretamente con el marido, J. M.. La discusión, señala el fiscal, "estuvo a punto de degenerar en agresión física por parte del acusado", que evitó la pareja abandonando el lugar. Dos noches después, continúa el fiscal en su calificación de los hechos, el matrimonio volvió al ferial acompañado de otro matrimonio (el hermano de él y su esposa).
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