Los vigilantes de seguridad dicen que el intrusismo en el sector provoca muertes
La Subdelegación del Gobierno de Pontevedra ha decidido sancionar a la empresa de seguridad en la que prestaba sus servicios Xosé Álvarez Nión, el joven de 22 años que perdió la vida tras recibir dos impactos mortales de bala el pasado día 15 de agosto en un polígono empresarial de Mos. Las investigaciones practicadas por la Unidad de Investigación Privada de la Policía Nacional en la Comisaría de Vigo determinaron que la compañía no estaba inscrita en el registro de empresas del sector del Ministerio del Interior ni habilitada para la vigilancia.
Más de cien personas se concentraron ante esta institución gubernamental para exigir rigor en el cumplimiento de la ley y protestar contra el intrusismo existente en este campo. Un minuto de silencio en memoria del fallecido, un homenaje y un corte de tráfico de veinte minutos, fue el balance de la marcha reivindicativa encabezada por UGT, CCOO, CIG, vigilantes de seguridad, auxiliares y familiares del desafortunado muchacho. La pancarta no podía contener un mensaje más claro y directo: «Los responsables a la cárcel y los irresponsables en los despachos, la inseguridad nos mata».
«Esta protesta se produce porque el ramo está hasta las narices de que la administración no haga nada para resolver el problema que lleva a personas sin la pertinente titulación a realizar labores de vigilancia con el consiguiente peligro que supone para sus vidas», explicó Enrique Rial, responsable de seguridad privada de UGT. Indicó que de los 1.200 empleados como auxiliares de servicios, alrededor de un 70% desempeña su labor como vigilante, mientras que hasta el 80% de este tipo de negocios no están vinculados siguiera a empresas de seguridad.
Pedro Pérez, representante de la CIG, destacó que la Subdelegación del Gobierno conoce perfectamente el escenario actual, dado que recordó que las plataformas sindicales han presentado un total de 200 denuncias en las que prueban que personal contratado como auxiliar desempeña labores propias de vigilancia, «de las que debido a la escasez de personal, sólo el 20% terminan en sanción». Una auxiliar dijo a Ep que el intrusismo se debe a un desconocimiento general.

Los vigilantes de seguridad han detectado múltiples casos en Ourense
A raíz del reciente asesinato de un joven cuando realizaba funciones de vigilancia y seguridad para la que no estaba legalmente habilitado en Mos (Pontevedra), los trabajadores del sector de la seguridad privada han mostrado su malestar. En Ourense alertan de empresas que ofrecen servicios sin cualificación (han cursado denuncia contra una de ellas), así como de zonas como el Parque Tecnológico, aparcamientos públicos o instituciones que cuentan con personal no cualificado para desempeñar labores de vigilancia. Un vigilante de seguridad es un profesional cualificado para velar por la protección de un recinto, con potestad para ejercer el control del paso de personas, es decir, requerirles identificación y objeto por el que acceden al mismo. No obstante, en muchas ocasiones, la persona uniformada que realiza esta labor no está habilitada legalmente para ejercer esta función.
Este hecho es el gran ‘caballo de batalla’ de los profesionales del sector de la seguridad privada en la provincia, que además de constatar la proliferación de estos supuestos ‘auxiliares’ o ‘controladores’ (figuras no reconocidas por ley) debido al ahorro de costes por parte de las empresas y la pasividad de las autoridades, observan también como su propia seguridad se ve gravemente mermada, al no consentir en innumerables ocasiones, que los profesionales legales porten armas para su propia defensa, sobre todo cuando desempeñan labores de vigilancia en polígonos industriales.
José Manuel Álvarez, vigilante de seguridad y escolta ourensano, así como delegado sindical de Securitas, advierte de que muchas empresas tienen al frente responsables de seguridad sin titulación. Así, personas civiles a quienes se les pone un uniforme y realizan controles de son prácticas frecuentes y, según José Manuel Álvarez, consentidas.
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Presuntos asesinos del auxiliar en Mos
El delegado del Gobierno en Galicia, Manuel Ameijeiras, confirmó hoy la detención de los tres presuntos autores del asesinato de un vigilante de seguridad en un polígono industrial de Mos (Pontevedra) y dio por cerrada la investigación policial.
En una rueda de prensa sobre seguridad vial, Ameijeiras informó de que las tres personas arrestadas el jueves cuando intentaban robar en una gasolinera de Vigo son las presuntas responsables de la muerte del joven de 22 años Xosé A.N., que realizaba labores de auxiliar.
Así, el delegado gubernamental aseguró que, “a falta del remate judicial”, las fuerzas de seguridad cuentan con “pruebas suficientes, entre ellas el arma”, para dar por resuelto el caso. El joven falleció por dos disparos de una carabina calibre 22, del mismo tipo que la que le fue intervenida a los presuntos asesinos cuando atracaban la gasolinera.
Este mediodía las presuntos autores del crimen, ocurrido el pasado miércoles en las afueras de Vigo, han pasado a disposición judicial y se encuentran declarando en los juzgados de la ciudad olívica.
El joven Xosé A.N., que realizaba labores de auxiliar de vigilancia, por lo que no iba armado, apareció muerto en el interior del coche que la empresa para la que trabajaba le había facilitado, con signos de haber recibido dos disparos.
Por último, Ameijeiras aprovechó para felicitar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil por el “éxito obtenido en sólo 24 horas”. En este sentido, recordó que en menos de un mes se ha detenido a la presunta asesina de O Orzán (A Coruña) y al presunto violador que actuaba en esa misma ciudad. Así, llamó a no caer en la “autocomplacencia” pero sí expresó sus felicitaciones a las fuerzas de seguridad.

Investigan la muerte por disparos de un joven en un polígono industrial
Agentes de la Guardia Civil investigan la muerte de un joven de 22 años por dos disparos mientras se encontraba en su vehículo en un polígono industrial en la localidad de Mos (Pontevedra).
El fallecido fue encontrado sobre las 16.00 horas del miércoles en el polígono de Reboullón, en el interior de un vehículo particular con un tiro en la cabeza y otro en el cuello, y en el lugar de los hechos fueron encontrados dos casquillos.
Según fuentes consultadas por Efe, el joven se desplazó a las 10.00 horas al polígono en donde realizaba supuestamente labores de vigilancia de seguridad.
Sin embargo, el presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad de Galicia (AESGA), Roberto Lage, tras lamentar la muerte del joven, pidió que se aclaren “qué funciones” realizaba el fallecido en el polígono.
Según Lage, la legislación actual sólo establece la figura del “vigilante de seguridad” y explicó que en la vigilancia de polígonos los empleados “deben ir uniformados, en pareja, uno de ellos armado y en coche de la empresa. Y no consta que se cumplieran estas condiciones”, dijo.
De momento, las fuerzas de seguridad no descartan ninguna hipótesis sobre el suceso.

Acepta casi dos años de cárcel por estafa
El encargado de seguridad Ricardo R. V. aceptó ayer una condena de un un año y 9 meses de cárcel por cobrar facturas por valor de 21.000 euros entre 1996 y 1998 que luego ocultaba a su empresa para apropiarse del dinero. Además, al ser descubierto, negoció con la empresa el devolver dicha cantidad como si fuese una deuda pero realizó el pago mediante unas letras que carecían de fondos.
El acusado se reunió ayer con la fiscal en la Quinta Sección de la Audiencia, con sede en Vigo, y aceptó un castigo de un año de cárcel por apropiación indebida de 21.036 euros, otros seis meses de prisión por falsedad en documento mercantil, junto a una multa de 450 euros, y tres meses y un día de cárcel por un delito de estafa agravada.
El inculpado ya tenía antecedentes por los mismos delitos y actualmente está en prisión por otro asunto.
El escrito de acusación, modificado tras el acuerdo por conformidad, relata que Ricardo R.V. era en 1996 vendedor de la empresa Iber Express (luego absorbida por Prosegur) y de una firma de seguridad. Hasta abril de 1998, se encargó de cobrar las facturas y se apropió, según la fiscalía, de una suma total de 21.036 euros.
Éste cesó en su actividad contractual en 1998 y sus anteriores jefes, al revisar la contabilidad y ponerla al día, descubrieron la existencia del agujero. El acusado, al verse descubierto, tuvo que redactar dos documentos en los que admitía que estaba dispuesto a pagar dicha cantidad que asumió como una «deuda» que tenía con su antigua empresa.
El pago lo hizo mediante una letras que resultaron impagadas por falta de fondos.
En los mismos meses, Ricardo R.V. creó una empresa de servicios integrales de seguridad gallegos cuyo nombre se parecía mucho a otra firma para la que trabajaba. La fiscal ve detrás un negocio cambiario ficticio.
El acusado aceptó todos los cargos por conformidad. Al juicio acudieron unos expertos de Madrid que no tuvieron que declarar por haber acuerdo.