Los vigilantes de seguridad han detectado múltiples casos en Ourense
A raíz del reciente asesinato de un joven cuando realizaba funciones de vigilancia y seguridad para la que no estaba legalmente habilitado en Mos (Pontevedra), los trabajadores del sector de la seguridad privada han mostrado su malestar. En Ourense alertan de empresas que ofrecen servicios sin cualificación (han cursado denuncia contra una de ellas), así como de zonas como el Parque Tecnológico, aparcamientos públicos o instituciones que cuentan con personal no cualificado para desempeñar labores de vigilancia. Un vigilante de seguridad es un profesional cualificado para velar por la protección de un recinto, con potestad para ejercer el control del paso de personas, es decir, requerirles identificación y objeto por el que acceden al mismo. No obstante, en muchas ocasiones, la persona uniformada que realiza esta labor no está habilitada legalmente para ejercer esta función.
Este hecho es el gran ‘caballo de batalla’ de los profesionales del sector de la seguridad privada en la provincia, que además de constatar la proliferación de estos supuestos ‘auxiliares’ o ‘controladores’ (figuras no reconocidas por ley) debido al ahorro de costes por parte de las empresas y la pasividad de las autoridades, observan también como su propia seguridad se ve gravemente mermada, al no consentir en innumerables ocasiones, que los profesionales legales porten armas para su propia defensa, sobre todo cuando desempeñan labores de vigilancia en polígonos industriales.
José Manuel Álvarez, vigilante de seguridad y escolta ourensano, así como delegado sindical de Securitas, advierte de que muchas empresas tienen al frente responsables de seguridad sin titulación. Así, personas civiles a quienes se les pone un uniforme y realizan controles de son prácticas frecuentes y, según José Manuel Álvarez, consentidas.
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Roban 115 pantallas de plasma en una nave del polígono
Ni empresas de seguridad privada, ni alarmas, ni cámaras de grabación, ni siquiera la alerta hecha a la policía por la empresa, que ya la semana pasada temía ser de nuevo víctima de un robo en su nave. Nada sirvió, porque sobre las cuatro de la madrugada de ayer domingo, y al menos durante una hora y media, unas 115 pantallas de plasma, valoradas en unos 180.000 euros, fueron robadas de una de las naves que Hermanos Lucas tiene en el polígono Santa Teresa, después de que los asaltantes accedieran a ella por el método del ‘butrón’.
Por eso, la indignación y la impotencia que expresó ayer a este periódico el propietario de la firma, Santiago Lucas, era manifiesta y, según la versión ofrecida, más que justificada, ya que mantiene que desde hace dos semanas venía alertando a la policía de la posibilidad de que se produjeran robos en el polígono. Lo hizo al detectar que los cables de conexión telefónica que permiten que las alarmas salten habían sido cortados. Además, la puerta de la nave había aparecido en una ocasión con signos de que alguien la había intentado forzar.
«Hemos mantenido reuniones con la policía, que dobló el servicio. Reconocemos el trabajo que se hace, pero no es suficiente ante el nivel de delincuencia que hay», asegura Lucas, que reivindica la necesidad de un plan coordinado en el que participen los empresarios de los polígonos, las Fuerzas de Seguridad y las administraciones competentes. «No sirve de nada que tomemos medidas de forma individual. Es necesario desarrollar un sistema de seguridad conjunto, coordinado y con seguimiento en el tiempo, como se ha desarrollado en otras ciudades del país», argumenta.
La Guardia Civil, en un control rutinario, interceptó ayer, horas después del robo, a una de las furgonetas a la altura de Seseña (Toledo), mientras que la otra siguió su camino. Al percatarse del material y pedir información, los agentes comprobaron que las pantallas podían haber sido robadas, por lo que se pusieron en contacto con la Comisaría de Málaga, y procedieron a localizar al segundo vehículo, que fue interceptado en Ocaña (Toledo).
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El vigilante que llegó de fuera
«Nos dijeron que los problemas de falta de personal se solucionarían con la ampliación de la Unión Europea, porque podríamos contratar a polacos. Iban a venir un montón de polacos a trabajar a España, pero no ha venido ni uno». Quien así habla es el responsable de una empresa de seguridad privada que opera en La Rioja, un sector que juzga imprescindible la contratación de más mano de obra; si no es nacional, que sea inmigrante. Aunque las firmas que operan en la región no se ponen de acuerdo sobre la cifra de trabajadores que necesitarían, todas coinciden en un lamento común «(Hay mucho intrusismo en el sector», advierten) y recuerdan que un informe de la patronal de la seguridad privada ya alertó hace un año de que España necesitaba 21.000 vigilantes más. Actualmente, están en servicio unos 80.000.
«Hace años se pensó en contratar a portugueses, porque la legislación lo permite, pero un vigilante portugués prefiere irse a Francia antes que a España, porque allí pagan más», añade otro dirigente empresarial. ¿La solución? Según su opinión, bastaría un marco legal más flexible que permita la incorporación de trabajadores de origen sudamericano, «pero se tendría que negociar con el Ministerio del Interior la habilitación de esta gente». «Lo que está claro», agrega, «es que la capacidad de incorporar más vigilantes se está acabando». «Los jóvenes riojanos», agrega, «no quieren este tipo de empleo, buscan cosas más cómodas».
Sus datos son elocuentes: un tercio de la plantilla de su empresa, de las más poderosas del sector, está formada por trabajadores llegados de fuera de La Rioja, «sobre todo, cántabros y gallegos». «Y la situación no deja de empeorar, porque cada vez hay más trabajo, en sectores que hasta hace poco para nosotros ni existían», añade. Como ejemplo, cita los casos de vigilancias en edificios en obras, objeto de continuos robos en los últimos años, o la moda de disponer en algún domicilio de la llamada ‘habitación del pánico’. «También nos complica el trabajo que cada vez se construyen más urbanizaciones o chalés aislados».
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Presuntos asesinos del auxiliar en Mos
El delegado del Gobierno en Galicia, Manuel Ameijeiras, confirmó hoy la detención de los tres presuntos autores del asesinato de un vigilante de seguridad en un polígono industrial de Mos (Pontevedra) y dio por cerrada la investigación policial.
En una rueda de prensa sobre seguridad vial, Ameijeiras informó de que las tres personas arrestadas el jueves cuando intentaban robar en una gasolinera de Vigo son las presuntas responsables de la muerte del joven de 22 años Xosé A.N., que realizaba labores de auxiliar.
Así, el delegado gubernamental aseguró que, “a falta del remate judicial”, las fuerzas de seguridad cuentan con “pruebas suficientes, entre ellas el arma”, para dar por resuelto el caso. El joven falleció por dos disparos de una carabina calibre 22, del mismo tipo que la que le fue intervenida a los presuntos asesinos cuando atracaban la gasolinera.
Este mediodía las presuntos autores del crimen, ocurrido el pasado miércoles en las afueras de Vigo, han pasado a disposición judicial y se encuentran declarando en los juzgados de la ciudad olívica.
El joven Xosé A.N., que realizaba labores de auxiliar de vigilancia, por lo que no iba armado, apareció muerto en el interior del coche que la empresa para la que trabajaba le había facilitado, con signos de haber recibido dos disparos.
Por último, Ameijeiras aprovechó para felicitar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil por el “éxito obtenido en sólo 24 horas”. En este sentido, recordó que en menos de un mes se ha detenido a la presunta asesina de O Orzán (A Coruña) y al presunto violador que actuaba en esa misma ciudad. Así, llamó a no caer en la “autocomplacencia” pero sí expresó sus felicitaciones a las fuerzas de seguridad.

Para los acusados del asesinato de un vigilante
Tres de los acusados encargaron el crimen a otro, que cobró 6.000 euros. Está implicado como inductor el abogado que representaba a la familia de la víctima.
El asesinato se produjo el 15 de noviembre de 2004. La víctima, un vigilante de seguridad privada de Rincón de la Victoria, recibió varios disparos por la espalda que le produjeron al poco tiempo la muerte. Por entonces, fue detenido el que se considera presunto autor material de los hechos, Yuneo L.C. Todas las pruebas concluyeron que él era el único responsable de los hechos, pero no se concretó el móvil del crimen.
El presunto homicida iba a ser juzgado el pasado 12 de marzo, pero un mes antes el caso dio un giro de 180 grados con la detención del abogado Martín Eliseo R.B, que representaba a la familia del fallecido, como presunto inductor del crimen. A raíz de su arresto, se reabrió el proceso, el juicio se suspendió y se practicaron nuevas diligencias que acabaron con otros dos imputados más, José María H.J. y Luis F.R., también por supuesta inducción.
El caso se ha cerrado a espera de que se dicte el auto para la apertura del juicio oral. Mientras tanto, la Fiscalía ha solicitado para cada uno de los acusados dieciocho años de prisión por un delito de asesinato, en caso de Yuneo como autor, y en el resto como inductores. Además, el letrado acusado se enfrenta a otros dos años de cárcel por un delito contra la administración de justicia y a una multa de 3.000 euros.
Según el escrito del fiscal Yuneo aceptó por dinero la oferta del resto de implicados de matar al guardia de seguridad. Al parecer, querían vengar ciertas afrentas personales. El supuesto homicida recibió al menos 6.000 euros por el servicio. Su madre actuó como depositaria de los fondos.

Investigan la muerte por disparos de un joven en un polígono industrial
Agentes de la Guardia Civil investigan la muerte de un joven de 22 años por dos disparos mientras se encontraba en su vehículo en un polígono industrial en la localidad de Mos (Pontevedra).
El fallecido fue encontrado sobre las 16.00 horas del miércoles en el polígono de Reboullón, en el interior de un vehículo particular con un tiro en la cabeza y otro en el cuello, y en el lugar de los hechos fueron encontrados dos casquillos.
Según fuentes consultadas por Efe, el joven se desplazó a las 10.00 horas al polígono en donde realizaba supuestamente labores de vigilancia de seguridad.
Sin embargo, el presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad de Galicia (AESGA), Roberto Lage, tras lamentar la muerte del joven, pidió que se aclaren “qué funciones” realizaba el fallecido en el polígono.
Según Lage, la legislación actual sólo establece la figura del “vigilante de seguridad” y explicó que en la vigilancia de polígonos los empleados “deben ir uniformados, en pareja, uno de ellos armado y en coche de la empresa. Y no consta que se cumplieran estas condiciones”, dijo.
De momento, las fuerzas de seguridad no descartan ninguna hipótesis sobre el suceso.