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    Baleares Muerte en Menorca

    Cinco imputados por la muerte de un vigilante de seguridad serán juzgados por lesiones y no por homicidio
    La Fiscalía de Menorca ha calificado de “falta de lesiones” el caso instruido para investigar la muerte de un vigilante privado tras sufrir una paliza en el puerto de Ciutadella, lo cual evitará que los cinco jóvenes imputados como presuntos agresores, residentes en Maó, ingresen en prisión.
    Se trata del caso instruido por el juzgado de Primera Instancia de Ciutadella, que se investiga la muerte de Carlos Pablo Raengo en febrero de 2006.
    La calificación del Ministerio Fiscal ha sorprendido a la familia del finado, personada en la causa como acusación particular.
    Sus abogados han pedido nuevas investigaciones y han anunciado un escrito de alegaciones contra la calificación de la Fiscalía.
    El Ministerio Fiscal indica en su escrito que ha optado por tipificar los hechos como falta de lesiones, y no como homicidio como ha pedido la acusación particular, por la dificultad para relacionar la muerte del guardia de seguridad con la paliza recibida.
    El informe del médico forense ha sido determinante al no haber hallado una relación directa entre la agresión y la muerte de Carlos Pablo Raengo, que falleció el 4 de marzo de 2006, tras haber permanecido ingresado, en estado de coma, en el Hospital Verge del Toro de Maó.
    El ingreso en el centro hospitalario se produjo tras haber sufrido una agresión frente a la discoteca del puerto de Ciutadella, el 12 de febrero de aquel año.
    Los cinco jóvenes imputados negaron su vinculación con los hechos al prestar declaración ante la juez Beatriz Rallo, que instruye las diligencias.
    La misma noche del suceso, agentes de la Policía Local de Ferreries interceptó a los jóvenes en la carretera general Maó-Ciutadella, tras haber huido desde el puerto a bordo de un vehículo cuyas características fueron anotadas por la Policía Local de Ciudadela y comunicadas a los otros cuerpos de Policía Municipal de Menorca.
    En el interior del coche se halló una barra de hierro.
    El vigilante fallecido, Carlos Pablo Raengo, de nacionalidad uruguaya, contaba 48 años de edad, residía en Ciutadella desde 1980 y era padre de dos niñas menores de edad.


    Catalunya La Bisbal del Penedés

    Los vecinos, satisfechos por la vigilancia privada
    Los vecinos de La Bisbal del Penedès destacan que han ganado tranquilidad por las noches. «Ya no hay los destrozos de mobiliario ni la quema de contenedores. Tampoco las carreras de motos que se hacían», explica el vecino Lluís Sicart. La tranquilidad, dicen que se nota desde que una empresa de vigilancia custodia los edificios municipales.
    La legislación no permite que empresas de seguridad privada realicen la vigilancia de las calles. Sin embargo muchos pequeños municipios no pueden financiarse una policía local propia y deben depender de los efectivos disponibles de cuerpos de seguridad como la Guardia Civil, cuyo número es muy limitado para el gran territorio que deben cubrir.
    El Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès, después de una oleada de quejas y de actos vandálicos optó por contratar a una empresa de seguridad privada para vigilar las instalaciones municipales, una competencia que sí les permite la legislación. Y vigilan desde el Ayuntamiento a la piscina, el campo de futbol, las escuelas o incluso los pozos de agua que hay en las urbanizaciones.
    El alcalde de la Bisbal, Josep Maria Puigibet (ERC) señala que «no se está incumpliendo ninguna Ley. Los vigilantes están contratados para custodiar los edificios y equipamientos municipales». Y lógicamente entre uno y otro deben ir en un vehículo por las calles y las zonas donde están instalados. Una presencia que da seguridad a los vecinos.


    Asides Prosegur Sao Paulo

    El mayor atraco del año, en 9 minutos
    Nada que envidiar al famoso grupo de ladrones que días atrás llegaron a las pantallas de cine. En esta ocasión no eran trec sino diez e iban bien armados: granadas, cartuchos de dinamita, fusiles AR15 y metralletas eran su carta de presentación. Tampoco fueron muy sutiles ya que optaron por volar la pared contigua al botín. Pero, cómo robar en nueve minutos una cámara acorazada repleta de 3,7 millones de euros protegida con paredes blindadas, vigilada con cámaras de seguridad y alarmas. Fácil: utilizando la puerta de atrás.
    Los ladrones entraron a la una de la madrugada por la escalera de un edifico contiguo a la oficina de la empresa de seguridad española Prosegur en Sao Paulo y colocaron varios cartuchos de dinamita en una pared contigua a la del botín. Justo la que comunicaba con el muro trasero de la sala donde se almacenaban los 10 millones de reales y, casualmente, el único que no estaba blindado.
    Al oír la explosión, los guardias alertaron a la Policía, pero los ladrones huyeron antes de que ésta llegara. «Estaba durmiendo y oí un gran estruendo, pero pensé que era un choque en la calle», dijo un portero de un edificio cercano. Tras la detonación abrieron un boquete de más de un metro cuadrado, entraron, sustrajeron el dinero y salieron cómodamente sin pegar un tiro. Todo fue perpetrado a tan sólo una manzana de un cuartel del Ejército y a dos de un comando de la Fuerza Aérea.
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    Andalucía Renfe Sevilla

    Restablece la seguridad privada en instalaciones de Santa Justa, pero de forma «parcial»
    Después de siete meses, Renfe Operadora ha restablecido la vigilancia privada en los 75.000 metros cuadrados de las instalaciones del Centro de Tratamiento Técnico, en Sevilla, aunque esta reposición, según ha criticado el Sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) se ha realizado de forma «parcial», con tres agentes de seguridad -al igual que anteriormente de Segur Ibérica-que se ocupan de los turnos de mañana, tarde y noche y sin armas, contraviniendo la Ley de Seguridad Privada.
    Según responsables de CGT, a pesar de que, desde primeros de este mes, la zona vuelve a contar con vigilancia, ésta está en cierto modo «mermada», ya que, según estos responsables, «continúa sin estar garantizada la seguridad, porque, un agente a pie y sin armas en tan amplio espacio no puede controlar oficinas, talleres, trenes estacionados…».
    Vigilancia privada entró en vigor el 1 de enero de este mismo año por cuestiones económicas, no sólo en Sevilla, sino en el resto de España, con excepción de Cataluña, donde incluso se amplió, precisamente a costa de la eliminación en el resto del país.
    En el caso de la capital hispalense, el citado espacio de 75.000 metros cuadrados se refería a la zona de almacenamiento de combustible, materiales, oficinas, talleres, garaje de unidades de trenes de cercanías, regionales, AVE y otros de media distancia. Esta zona, denominada «zona de playa», se extiende desde los andenes de la estación de Santa Justa hasta los polígonos Calonge y Store. A lo largo de cada jornada, centenares de trabajadores pululan por ese espacio, en el que diariamente, en el aparcamiento, puede haber una media de más de 300 vehículos particulares.
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    Asides, Valencia Aeropuerto de Manises

    El Comité de Huelga se encierra indefinidamente
    El Comité de Huelga en el aeropuerto de Manises, Valencia, se encerró este martes indefinidamente y se declaró en huelga de hambre, “tras ver su derecho fundamental a la huelga conculcado por Aena, Eulen, la Guardia Civil y la Policía Nacional”.
    Asimismo, destacaron el “éxito rotundo” de esta huelga de vigilantes de seguridad, a la que se unieron con un “seguimiento mayoritario todos los compañeros asignados al aeropuerto”.
    Al respecto, explicaron que la empresa de seguridad Eulen “ha decidido anular el derecho de huelga de los trabajadores de seguridad privada” pues aseguraron que los han sustituido por “vigilantes de seguridad salientes de sus turnos habituales en otros centros de la Comunitat Valenciana”.
    En esta línea, puntualizaron que este martes desempeñaron esta labor “varios trabajadores que salieron del turno de noche y que no tenían la formación específica para este trabajo” ya que “no disponían del curso de radioscopia aeroportuaria, que habilita para trabajar en un filtro”, resaltaron.
    Asimismo, afirmaron que Policía Nacional, Guardia Civil y Aena “informaron al Comité de Huelga de que ellos no van ha consentir que no se incorporen al trabajo los nuevos vigilantes de seguridad a pesar de no tener la habilitación necesaria para desempeñar las funciones propias en los filtros de seguridad del aeropuerto”.
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    Madrid Antonio Mena García

    La Audiencia ordena reabrir el caso de un vigilante muerto en Atocha
    La muerte del vigilante de seguridad Antonio Mena García, de 27 años, en mayo de 2006 en la estación de Atocha sigue sin aclararse. Supuestamente, Mena falleció de un ataque cardiaco tras ser reducido violentamente por otros agentes de seguridad. Pero los magistrados de la Audiencia Provincial han obligado ahora al titular del Juzgado de Instrucción número 30 a que reabra el caso. Los ponentes quieren que se escuche a testigos ignorados por el juez, piden más grabaciones de las cámaras y censuran que no se haya identificado a los empleados de seguridad.
    Los hechos se iniciaron sobre las 6.30 del domingo 7 de mayo de 2006, cuando Antonio Mena llegó a la terminal del AVE e increpó a un vigilante de la empresa Falcón, según la versión ofrecida por los vigilantes de seguridad. Éstos añadieron que Mena paraba de pedirle que le pegara dos tiros. Levantaba los brazos, gritaba. Tras ser expulsado de la zona de andenes, el alborotador se encaminó al vestíbulo de Cercanías, donde increpó a otras personas. “Llegó a arrojar un ramo de flores que llevaba contra una persona y tuvo un incidente con un revisor de ferrocarril”, aseguraron entonces fuentes del caso.
    En ese momento, tres vigilantes de la empresa Vigilancia Integrada, SA (Vinsa) le inmovilizaron y le redujeron tirándole al suelo. Mena se revolvió y se levantó de nuevo, ante lo que acudió un cuarto empleado de seguridad para ayudar a sus compañeros. Nada más colocarle los grilletes, el detenido sufrió un vómito y perdió el conocimiento entre convulsiones. Los facultativos de una UVI móvil del Samur-Protección Civil intentaron reanimarle durante media hora, pero al final sólo pudieron certificar su muerte. El fallecido, que había trabajado antes en Atocha, estaba contratado por la empresa Segurisa y destinado en una dependencia del Canal de Isabel II.
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