Cinco imputados por la muerte de un vigilante de seguridad serán juzgados por lesiones y no por homicidio
La Fiscalía de Menorca ha calificado de “falta de lesiones” el caso instruido para investigar la muerte de un vigilante privado tras sufrir una paliza en el puerto de Ciutadella, lo cual evitará que los cinco jóvenes imputados como presuntos agresores, residentes en Maó, ingresen en prisión.
Se trata del caso instruido por el juzgado de Primera Instancia de Ciutadella, que se investiga la muerte de Carlos Pablo Raengo en febrero de 2006.
La calificación del Ministerio Fiscal ha sorprendido a la familia del finado, personada en la causa como acusación particular.
Sus abogados han pedido nuevas investigaciones y han anunciado un escrito de alegaciones contra la calificación de la Fiscalía.
El Ministerio Fiscal indica en su escrito que ha optado por tipificar los hechos como falta de lesiones, y no como homicidio como ha pedido la acusación particular, por la dificultad para relacionar la muerte del guardia de seguridad con la paliza recibida.
El informe del médico forense ha sido determinante al no haber hallado una relación directa entre la agresión y la muerte de Carlos Pablo Raengo, que falleció el 4 de marzo de 2006, tras haber permanecido ingresado, en estado de coma, en el Hospital Verge del Toro de Maó.
El ingreso en el centro hospitalario se produjo tras haber sufrido una agresión frente a la discoteca del puerto de Ciutadella, el 12 de febrero de aquel año.
Los cinco jóvenes imputados negaron su vinculación con los hechos al prestar declaración ante la juez Beatriz Rallo, que instruye las diligencias.
La misma noche del suceso, agentes de la Policía Local de Ferreries interceptó a los jóvenes en la carretera general Maó-Ciutadella, tras haber huido desde el puerto a bordo de un vehículo cuyas características fueron anotadas por la Policía Local de Ciudadela y comunicadas a los otros cuerpos de Policía Municipal de Menorca.
En el interior del coche se halló una barra de hierro.
El vigilante fallecido, Carlos Pablo Raengo, de nacionalidad uruguaya, contaba 48 años de edad, residía en Ciutadella desde 1980 y era padre de dos niñas menores de edad.
Los vecinos de La Bisbal del Penedès destacan que han ganado tranquilidad por las noches. «Ya no hay los destrozos de mobiliario ni la quema de contenedores. Tampoco las carreras de motos que se hacían», explica el vecino Lluís Sicart. La tranquilidad, dicen que se nota desde que una empresa de vigilancia custodia los edificios municipales.
Nada que envidiar al famoso grupo de ladrones que días atrás llegaron a las pantallas de cine. En esta ocasión no eran trec sino diez e iban bien armados: granadas, cartuchos de dinamita, fusiles AR15 y metralletas eran su carta de presentación. Tampoco fueron muy sutiles ya que optaron por volar la pared contigua al botín. Pero, cómo robar en nueve minutos una cámara acorazada repleta de 3,7 millones de euros protegida con paredes blindadas, vigilada con cámaras de seguridad y alarmas. Fácil: utilizando la puerta de atrás.
Después de siete meses, Renfe Operadora ha restablecido la vigilancia privada en los 75.000 metros cuadrados de las instalaciones del Centro de Tratamiento Técnico, en Sevilla, aunque esta reposición, según ha criticado el Sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) se ha realizado de forma «parcial», con tres agentes de seguridad -al igual que anteriormente de Segur Ibérica-que se ocupan de los turnos de mañana, tarde y noche y sin armas, contraviniendo la Ley de Seguridad Privada.
El Comité de Huelga en el aeropuerto de Manises, Valencia, se encerró este martes indefinidamente y se declaró en huelga de hambre, “tras ver su derecho fundamental a la huelga conculcado por Aena, Eulen, la Guardia Civil y la Policía Nacional”.
La muerte del vigilante de seguridad Antonio Mena García, de 27 años, en mayo de 2006 en la estación de Atocha sigue sin aclararse. Supuestamente, Mena falleció de un ataque cardiaco tras ser reducido violentamente por otros agentes de seguridad. Pero los magistrados de la Audiencia Provincial han obligado ahora al titular del Juzgado de Instrucción número 30 a que reabra el caso. Los ponentes quieren que se escuche a testigos ignorados por el juez, piden más grabaciones de las cámaras y censuran que no se haya identificado a los empleados de seguridad.

